jueves, 8 de febrero de 2018

LEY NACIONAL DE GUARDIA Y CUSTODIA : FIRMA :

La Guarda y Custodia Compartida de los hijos en los casos de separación y/o divorcio es un DERECHO DEL MENOR y un deber de los padres, reconocido por la Convención sobre los Derechos del Niño adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 20 de noviembre de 1989, ratificada por España el 30 de noviembre de 1990 (BOE 31-12-1990), y por la Carta de los Derechos del Niño, del Parlamento Europeo (DOCE C-241, 21-9-92).

“Los Estados parte pondrán el máximo empeño en garantizar el reconocimiento del principio de que ambos padres tienen obligaciones comunes en lo que respecta a la crianza y el desarrollo del niño. Incumbirá a los padres o, en su caso, a los representantes legales la responsabilidad primordial de crianza y desarrollo del niño. Su preocupación fundamental será el interés superior del niño. Todo niño tiene derecho a gozar de sus padres. El padre y la madre tienen una responsabilidad conjunta en cuanto a su desarrollo y educación. En caso de separación de hecho, separación legal, divorcio de los padres o nulidad del matrimonio, el niño tiene derecho a mantener contacto directo y permanente con los dos padres, ambos con las mismas obligaciones”.



El Tribunal Supremo viene reiterando en los últimos años que la Guarda y Custodia Compartida no puede tratarse de una medida excepcional, sino que "al contrario, habrá de considerarse normal e incluso deseable, porque permite que sea efectivo el derecho que los hijos tienen a relacionarse con ambos progenitores, aún en situaciones de crisis".

Y sin embargo, la doctrina del Tribunal Supremo es ignorada en la mayoría de los Juzgados de Instrucción de Primera Instancia, donde se concede la Guarda y Custodia Exclusiva (y excluyente) a la madre, sin absolutamente ninguna prueba que la acredite como más capacitada o con mayor aptitud para cuidar a los hijos en común. Ello supone una vergonzosa discriminación por cuestión de sexo hacia los varones heterosexuales, que son sistemáticamente maltratados por una Ley del Divorcio obsoleta y una aplicación de la misma totalmente obscena; pero sobretodo, supone un maltrato psíquico y emocional absolutamente intolerables hacia los menores, que son apartados de uno de sus progenitores, con la merma incuestionable que ello supone en su bienestar y en su calidad de vida.
Privar a un hijo de uno de sus progenitores por motivos que nada tienen que ver con su bienestar es MALTRATO INFANTIL. El único modelo de convivencia post-matrimonial que respeta el interés superior del menor es la Guarda y Custodia Compartida.

El modelo de convivencia familiar post-matrimonial menos traumático para el menor es la Guarda y Custodia Compartida, y existe unanimidad en todas las Sociedades Científicas de Psicología, Psiquiatría y Pediatria del Mundo Occidental que los niños bajo régimen de Custodia Compartida presentan mejores índices de satisfacción, mayores índices de adaptación personal, de integración familiar, mayor bienestar y felicidad, menores problemas de conducta y antisociales, mayor rendimiento académico, menor riesgo de abandono de los estudios, menor riesgo de abandono del hogar, menor riesgo de consumo de sustancias tóxicas, menor riesgo de comportamientos violentos y menor riesgo de suicidio. La Guarda y Custodia Compartida favorece, a la vez, la cooperación entre los progenitores, disminuye la litigiosidad en la separación y favorece la colaboración económica entre los ex-cónyuges. Todo ello, está acreditado y documentado por centenares de estudios, y es inadmisible que la Administración de Justicia permanezca tan alejada de la evidencia científica y de la realidad social que clama por una igualdad real entre hombres y mujeres, y exige una Ley Nacional de Custodia Compartida.

La actual LEY DEL DIVORCIO no fomenta, en absoluto, la medicación familiar en los procesos de divorcio, porque dota de todas las herramientas e instrumentos posibles a la progenitora (madre) para sabotear cualquier opción de Guarda y Custodia Compartida, anteponiendo sus intereses particulares al interés superior del menor, del que posee un concepto patrimonialista y al que no duda en utilizar como pantalla de otros intereses ligados a la custodia del menor.

La actual Ley del Divorcio sitúa al menor en el centro del conflicto entre los progenitores, en vez de preservarlo del mismo, y el daño que se ocasiona al menor con frecuencia es IRREPARABLE.
Exigimos una reforma URGENTE de la LEY DEL DIVORCIO, de tal modo que:

1. En interés del menor, la mediación familiar sea absolutamente OBLIGATORIA, en Sede Judicial y ante un coordinador parental, para dirimir qué progenitor salvaguarda mejor el bienestar del menor y qué progenitor obstaculiza el acuerdo. V 2. Se modifique el artículo 92 del Código Civil de modo que la GUARDA Y CUSTODIA COMPARTIDA sea el modelo PREFERENTE, salvo casos excepcionales, debidamente acreditados y avalados por los informes periciales oportunos, en los que se otorgase la custodia monoparental si existiese incapacidad o demérito documentado de uno de los progenitores.

3. Que ambos progenitores ostenten la Guarda y Custodia Compartida de sus hijos en común durante todo el proceso judicial a expensas de los informes de especialistas o expertos solicitados por el Juez, en vez de conceder injustificadamente la Guarda y Custodia exclusiva a la madre y al padre un Régimen de Visitas en espera del informe del equipo psicosocial adscrito al juzgado. Precisamente, ante la ausencia de dicho informe psicosocial que eventualmente devaluase a uno de los progenitores, ambos han ejercido bajo el Principio de Igualdad entre Progenitores y el Principio de Responsabilidad Coparental de cuidadores de sus hijos en común, y así debe ser reconocido en Sede Judicial.

4. Que se desvincule en la Ley del Divorcio claramente la custodia del menor de los bienes patrimoniales en los procesos de separación y/o divorcio, de modo que los hijos no puedan ser utilizados como rehenes por sus progenitores, como armas de negociación o como pantalla para intereses económicos.

5. Que se dote a la Administración de Justicia de los recursos económicos, materiales y humanos adecuados para que los procesos de divorcio contencioso en los que existen menores, puedan resolverse en un plazo razonable inferior a 3 meses.

No existe mayor acto de desprecio hacia los sentimientos de un hijo que negarle su derecho a una relación efectiva y equitativa con uno de sus progenitores. Es un acto de tirania absoluta, una aberración evolutiva, que denigra como ser humano al progenitor que solicita para sí la custodia exclusiva, y pretende convertir al menor en huérfano de padre vivo.

La custodia compartida es un derecho del menor, y un deber de los padres.
Esta petición será entregada a: Congreso de los Diputados SENADO Gobierno de España 4 responsables de la toma de decisiones más


 LEY DE GUARDIA Y CUSTODIA COMPARTIIDA





MAZO DE GOMA


miércoles, 13 de diciembre de 2017

REQUISITOS QUE DEBEN CONCURRIR PARA QUE EXISTA UN DELITO DE ESTAFA PROCESAL

Qué requisitos deben concurrir para que exista un delito de estafa procesal?
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en sentencia de 17 de junio de 2016 nos recuerda, abordando esta cuestión que “pacífica  jurisprudencia  de  la  Sala  destaca  que  la  estafa  procesal  que  contemplamos  precisa  de  un engaño bastante, por ser este un requisito esencial de cualquier clase de estafa, por más que en este subtipo deba producirse en el seno de un procedimiento judicial (STS 1980/2002; 656/2003, de 8 de mayo; 366/12, 3  de  mayo  o  860/13,  de  26  de  noviembre).  Ello  implica  que  el  engaño  deba  tener  la  entidad  o  un  grado de verosimilitud suficiente como para producir un error razonable en el Juez, superando su profesionalidad y  las  garantías  del  procedimiento  (STS  1441/05,  de  5  de  diciembre  de  2005),  si  bien  son  necesarias  dos precisiones al respecto: a) Que -como los recursos plantean- la cualificación profesional del Juez eleva el parámetro para valorar la idoneidad del engaño, por lo que la estafa procesal en la mayoría de los casos será la consecuencia de un comportamiento del sujeto que se presente con la entidad suficiente como para contrarrestar la función de control que compete al Juez (STS 366/12, de 3 de mayo) y b) Que si es el Juez quien se equivoca en la interpretación del derecho, el error solo será imputable a su propia acción interpretativa porque, como es sabido, el art. 1.7 del Código Civil establece el principio iura novit curia, conforme al cual compete al Juez averiguar el derecho aplicable, al margen de cual haya sido el comportamiento de las partes y las interpretaciones torticeras del derecho que pretendan introducir en el procedimiento.”


Pese a ello, explica el alto Tribunal “debe declararse que la actuación desplegada por los acusados sí supuso una actuación fraudulenta, con una grado de verosimilitud suficiente como para producir un error razonable en el Juez y sin que la regulación normativa dispuesta por el legislador, y el conocimiento que de ella ha de tener el titular del órgano judicial, fueran razón para impedir la decisión judicial que se buscaba con la presentación del falso contrato  de  arrendamiento.  La  afirmación  de  que  el  procedimiento  de  ejecución  sobre  bienes  hipotecados nunca pudo suspenderse por la alegación -falsa o verdadera- de existir un contrato de arrendamiento del bien inmueble dado en garantía y que, por ello, el engaño nunca tuvo entidad jurídica como para contrarrestar la función de control que correspondía al Juez, quien debió denegar suspender el lanzamiento en todo caso, resulta incorrecta en su planteamiento más esencial. Con  relación  a  lo  expuesto,  debe  recordarse  que  fue  el  Código  Penal  de  1995  el  que  incorporó  la denominada estafa procesal (inicialmente recogida en el art. 250.1-2º), como subtipo agravado de la estafa básica del artículo 248 del Código Penal . El precepto incrementaba la pena prevista para el tipo de estafa, cuando la estafa se realice con simulación de pleito o empleo de otro fraude procesal. En su aplicación, la  jurisprudencia  de  la  Sala  vino  declarando  que  el  subtipo  implicaba  la  utilización  de  un  procedimiento judicial  para  obtener  un  beneficio  ilícito  mediante  una  maniobra  torticera,  consistiendo  el  beneficio  en  el reconocimiento judicial de un derecho del que en realidad se carecía. En todo caso, la jurisprudencia reflejaba la existencia de dos submodalidades de estafa: la estafa procesal propia, donde el sujeto pasivo de la acción delictiva  era  el  Juez,  porque  era  éste  quien  sufría  el  error  provocado  por  el  sujeto,  mientras  el  titular  del patrimonio  afectado  se  configuraba  como  mero  perjudicado,  y  la  estafa  procesal  impropia,  donde  el  sujeto pasivo es la parte contraria del procedimiento, a la que podía inducírsele a que erróneamente se allanara, desistiera,  renunciara  o  abordara  cualquier  actuación  procesal  dispositiva  de  su  propio  derecho,  mediante maniobras torticeras (STS 12 de julio de 2004).”


Añade la Sala de lo Penal que “la posterior reforma operada por Ley Orgánica 5/2010, modificó la descripción del subtipo, (que pasó al nº 7 del mismo apartado 1 del art. 250), estableciendo que la agravación se determina por cometer “estafa procesal ” y que ” incurren en la misma los que, en un procedimiento judicial de cualquier clase, manipulasen las pruebas en que pretendieran fundar sus alegaciones o emplearen otro fraude procesal análogo, provocando error en el Juez o Tribunal y llevándole a dictar una resolución que perjudique los intereses económicos de la otra parte o de un tercero. En  la  interpretación  del  nuevo  precepto,  esta  Sala  ha  destacado  que  la  modificación  normativa  es de mayor alcance del que pudiera intuirse de una primera aproximación, materializándose en dos aspectos esenciales: de un lado, la renuncia a una de las exigencias propias de la estafa básica, cual es que exista un acto de disposición con efectivo desplazamiento patrimonial, posibilitándose con claridad que el delito pueda ser  perpetrado  por  quien  ostenta  la  posición  de  demandado  en  el  proceso  judicial  en  el  que  se  debate  el derecho,  cuando  evite  torticeramente  ser  condenado;  de  otro  lado,  que  las  exigencias  típicas  solo  quedan colmadas cuando se llega a provocar error en el órgano judicial y el perjuicio se deriva de una resolución judicial nacida del engaño, lo que no solo excluye la agravación en la estafa procesal impropia, sino que conduce a la tentativa en todos aquellos supuestos en los que se despliegue un engaño bastante que no llegue a generar error en la autoridad judicial o en los que, pese a generarlo, la resolución judicial dictada no sea injusta (SSTS 381/2013, de 10 de abril, 5/2015, de 26 de enero; 232/2016, de 17 de marzo).”

CARACTERISTICAS
La estafa procesal tiene lugar en aquellos casos en que una de las partes engaña al Juez y le induce con la presentación de falsas alegaciones a dictar una determinada resolución que perjudica los intereses económicos de la otra parte o de tercero. 

La estafa procesal requiere estructuralmente, como modalidad agravada, todos los requisitos exigidos en la previsión de la estafa básica u ordinaria recogida en el art. 248.1 del Código Penal, es decir: el engaño el error debido al engaño el acto de disposición -en este caso resolución judicial- motivado por el error el perjuicio propio o de tercero derivado del acto de disposición el ánimo de lucro -siendo suficiente para estimar en el autor la existencia de dicho elemento de injusto, la específica intención lucrativa, la cooperación culpable de lucro ajeno, no es preciso con lucro propio, vale el que sea para beneficiar a un tercero; y la relación de imputación que cabe mediar entre estos elementos, a los que debe añadirse, en esta modalidad agravada, la simulación del pleito o empleo de otro fraude procesal.

 

En base a esta doctrina jurisprudencial se puede definir la estafa procesal como aquellos artificios desplegados en un proceso, directamente encaminados a que el Juez, por error, dicte una resolución injusta que comporte un daño para una persona con el consiguiente lucro indebido para otra. En ese sentido el actual art. 250.1.7º del Código Penal considera que: Cometen estafa procesal los que, en un procedimiento judicial de cualquier clase, manipularen las pruebas en que pretendieran fundar sus alegaciones o emplearen otro fraude procesal análogo, provocando error en el juez o tribunal y llevándole a dictar una resolución que perjudique los intereses económicos de la otra parte o de un tercero. 

La estafa procesal constituye una modalidad agravada de la estafa porque al daño o peligro que supone para el patrimonio del particular afectado se une el atentado contra la seguridad jurídica representada por el Juez, al que se utiliza como instrumento al servicio de la actuación defraudatoria, razón por la cual parte de la doctrina entiende que se trata de un delito pluriofensivo, siendo ésta la razón que justifica su agravación penológica respecto del tipo básico de la estafa. Y se consuma el delito cuando se produce una decisión judicial sobre el fondo respecto de la cuestión planteada


¿Incumplimiento contractual o estafa?

Para diferenciar el  incumplimiento contractual o civil de la estafa, el Tribunal Supremo afirma que en el delito de estafa debe darse como requisito fundamental el dolo*.

Para diferenciar el  incumplimiento contractual o civil de la estafa, el Tribunal Supremo afirma que en el delito de estafa debe darse como requisito fundamental el dolo*.


Nos encontramos, pues, ante un supuesto en el que la viabilidad del negocio jurídico es, desde el principio, deliberadamente ficticia, por no haberse basado en una estrategia sólida. En caso contrario, podría tratarse de un simple incumplimiento contractual, que deberá resolverse por la vía civil.
Denominamos “negocios jurídicos criminalizados” cuando el engaño utilizado es el propio contrato, aparentemente legal, y a través del cual el autor (estafador) pretende beneficiarse de su incumplimiento, causando perjuicio o daño a la otra parte. Es decir, cuando el estafador sabe desde el principio que quiere engañar al otro.
  • ¿Cuáles son las características principales del delito de estafa?
Como hemos mencionado anteriormente, el dolo es condición esencial para que se produzca el delito de estafa. Podemos definirlo como la “voluntad deliberada de cometer un delito, a sabiendas de su carácter delictivo y del daño que puede causar“. Por ello, la estafa existirá únicamente en los casos en los que el autor simule, deliberadamente, su intención por llevar a cabo una acción con engaño. Tal engaño, provocará el error en cadena; desplazamiento patrimonialperjuicio para la víctima y el lucro injusto, debiéndose resolver por la vía penal.
  • ¿Cuál es la diferencia entre la estafa y la apropiación indebida?
La principal diferencia entre ambos delitos es el elemento del engaño. Por ello, si con premeditación aparece tal elemento en el supuesto de hecho, nos encontraremos ante una estafa.  No obstante, debemos tener en cuenta que no por ello se elimina la posibilidad de que en el delito de apropiación indebida pudiera concurrir algún tipo de engaño, permitiendo que la apropiación indebida se produzca como consecuencia del mismo.
  • ¿El engaño puede darse de forma omisiva*?

La respuesta es sí. Se considerará delito de estafa o apropiación indebida si el engaño ha consistido en no facilitar la información necesaria al sujeto pasivo (víctima), con la intención de que la misma no pueda valorar adecuadamente los posibles riesgos.

Fuente : 

www.whitmanabogados.com
http://consultas-abogados.es/caracteristicas-delito-estafa-procesal/
http://lafuenteabogados.com/destacado/diferencias-entre-incunplimiento-contractual-y-estafa/