miércoles, 13 de diciembre de 2017

REQUISITOS QUE DEBEN CONCURRIR PARA QUE EXISTA UN DELITO DE ESTAFA PROCESAL

Qué requisitos deben concurrir para que exista un delito de estafa procesal?
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en sentencia de 17 de junio de 2016 nos recuerda, abordando esta cuestión que “pacífica  jurisprudencia  de  la  Sala  destaca  que  la  estafa  procesal  que  contemplamos  precisa  de  un engaño bastante, por ser este un requisito esencial de cualquier clase de estafa, por más que en este subtipo deba producirse en el seno de un procedimiento judicial (STS 1980/2002; 656/2003, de 8 de mayo; 366/12, 3  de  mayo  o  860/13,  de  26  de  noviembre).  Ello  implica  que  el  engaño  deba  tener  la  entidad  o  un  grado de verosimilitud suficiente como para producir un error razonable en el Juez, superando su profesionalidad y  las  garantías  del  procedimiento  (STS  1441/05,  de  5  de  diciembre  de  2005),  si  bien  son  necesarias  dos precisiones al respecto: a) Que -como los recursos plantean- la cualificación profesional del Juez eleva el parámetro para valorar la idoneidad del engaño, por lo que la estafa procesal en la mayoría de los casos será la consecuencia de un comportamiento del sujeto que se presente con la entidad suficiente como para contrarrestar la función de control que compete al Juez (STS 366/12, de 3 de mayo) y b) Que si es el Juez quien se equivoca en la interpretación del derecho, el error solo será imputable a su propia acción interpretativa porque, como es sabido, el art. 1.7 del Código Civil establece el principio iura novit curia, conforme al cual compete al Juez averiguar el derecho aplicable, al margen de cual haya sido el comportamiento de las partes y las interpretaciones torticeras del derecho que pretendan introducir en el procedimiento.”


Pese a ello, explica el alto Tribunal “debe declararse que la actuación desplegada por los acusados sí supuso una actuación fraudulenta, con una grado de verosimilitud suficiente como para producir un error razonable en el Juez y sin que la regulación normativa dispuesta por el legislador, y el conocimiento que de ella ha de tener el titular del órgano judicial, fueran razón para impedir la decisión judicial que se buscaba con la presentación del falso contrato  de  arrendamiento.  La  afirmación  de  que  el  procedimiento  de  ejecución  sobre  bienes  hipotecados nunca pudo suspenderse por la alegación -falsa o verdadera- de existir un contrato de arrendamiento del bien inmueble dado en garantía y que, por ello, el engaño nunca tuvo entidad jurídica como para contrarrestar la función de control que correspondía al Juez, quien debió denegar suspender el lanzamiento en todo caso, resulta incorrecta en su planteamiento más esencial. Con  relación  a  lo  expuesto,  debe  recordarse  que  fue  el  Código  Penal  de  1995  el  que  incorporó  la denominada estafa procesal (inicialmente recogida en el art. 250.1-2º), como subtipo agravado de la estafa básica del artículo 248 del Código Penal . El precepto incrementaba la pena prevista para el tipo de estafa, cuando la estafa se realice con simulación de pleito o empleo de otro fraude procesal. En su aplicación, la  jurisprudencia  de  la  Sala  vino  declarando  que  el  subtipo  implicaba  la  utilización  de  un  procedimiento judicial  para  obtener  un  beneficio  ilícito  mediante  una  maniobra  torticera,  consistiendo  el  beneficio  en  el reconocimiento judicial de un derecho del que en realidad se carecía. En todo caso, la jurisprudencia reflejaba la existencia de dos submodalidades de estafa: la estafa procesal propia, donde el sujeto pasivo de la acción delictiva  era  el  Juez,  porque  era  éste  quien  sufría  el  error  provocado  por  el  sujeto,  mientras  el  titular  del patrimonio  afectado  se  configuraba  como  mero  perjudicado,  y  la  estafa  procesal  impropia,  donde  el  sujeto pasivo es la parte contraria del procedimiento, a la que podía inducírsele a que erróneamente se allanara, desistiera,  renunciara  o  abordara  cualquier  actuación  procesal  dispositiva  de  su  propio  derecho,  mediante maniobras torticeras (STS 12 de julio de 2004).”


Añade la Sala de lo Penal que “la posterior reforma operada por Ley Orgánica 5/2010, modificó la descripción del subtipo, (que pasó al nº 7 del mismo apartado 1 del art. 250), estableciendo que la agravación se determina por cometer “estafa procesal ” y que ” incurren en la misma los que, en un procedimiento judicial de cualquier clase, manipulasen las pruebas en que pretendieran fundar sus alegaciones o emplearen otro fraude procesal análogo, provocando error en el Juez o Tribunal y llevándole a dictar una resolución que perjudique los intereses económicos de la otra parte o de un tercero. En  la  interpretación  del  nuevo  precepto,  esta  Sala  ha  destacado  que  la  modificación  normativa  es de mayor alcance del que pudiera intuirse de una primera aproximación, materializándose en dos aspectos esenciales: de un lado, la renuncia a una de las exigencias propias de la estafa básica, cual es que exista un acto de disposición con efectivo desplazamiento patrimonial, posibilitándose con claridad que el delito pueda ser  perpetrado  por  quien  ostenta  la  posición  de  demandado  en  el  proceso  judicial  en  el  que  se  debate  el derecho,  cuando  evite  torticeramente  ser  condenado;  de  otro  lado,  que  las  exigencias  típicas  solo  quedan colmadas cuando se llega a provocar error en el órgano judicial y el perjuicio se deriva de una resolución judicial nacida del engaño, lo que no solo excluye la agravación en la estafa procesal impropia, sino que conduce a la tentativa en todos aquellos supuestos en los que se despliegue un engaño bastante que no llegue a generar error en la autoridad judicial o en los que, pese a generarlo, la resolución judicial dictada no sea injusta (SSTS 381/2013, de 10 de abril, 5/2015, de 26 de enero; 232/2016, de 17 de marzo).”

CARACTERISTICAS
La estafa procesal tiene lugar en aquellos casos en que una de las partes engaña al Juez y le induce con la presentación de falsas alegaciones a dictar una determinada resolución que perjudica los intereses económicos de la otra parte o de tercero. 

La estafa procesal requiere estructuralmente, como modalidad agravada, todos los requisitos exigidos en la previsión de la estafa básica u ordinaria recogida en el art. 248.1 del Código Penal, es decir: el engaño el error debido al engaño el acto de disposición -en este caso resolución judicial- motivado por el error el perjuicio propio o de tercero derivado del acto de disposición el ánimo de lucro -siendo suficiente para estimar en el autor la existencia de dicho elemento de injusto, la específica intención lucrativa, la cooperación culpable de lucro ajeno, no es preciso con lucro propio, vale el que sea para beneficiar a un tercero; y la relación de imputación que cabe mediar entre estos elementos, a los que debe añadirse, en esta modalidad agravada, la simulación del pleito o empleo de otro fraude procesal.

 

En base a esta doctrina jurisprudencial se puede definir la estafa procesal como aquellos artificios desplegados en un proceso, directamente encaminados a que el Juez, por error, dicte una resolución injusta que comporte un daño para una persona con el consiguiente lucro indebido para otra. En ese sentido el actual art. 250.1.7º del Código Penal considera que: Cometen estafa procesal los que, en un procedimiento judicial de cualquier clase, manipularen las pruebas en que pretendieran fundar sus alegaciones o emplearen otro fraude procesal análogo, provocando error en el juez o tribunal y llevándole a dictar una resolución que perjudique los intereses económicos de la otra parte o de un tercero. 

La estafa procesal constituye una modalidad agravada de la estafa porque al daño o peligro que supone para el patrimonio del particular afectado se une el atentado contra la seguridad jurídica representada por el Juez, al que se utiliza como instrumento al servicio de la actuación defraudatoria, razón por la cual parte de la doctrina entiende que se trata de un delito pluriofensivo, siendo ésta la razón que justifica su agravación penológica respecto del tipo básico de la estafa. Y se consuma el delito cuando se produce una decisión judicial sobre el fondo respecto de la cuestión planteada


¿Incumplimiento contractual o estafa?

Para diferenciar el  incumplimiento contractual o civil de la estafa, el Tribunal Supremo afirma que en el delito de estafa debe darse como requisito fundamental el dolo*.

Para diferenciar el  incumplimiento contractual o civil de la estafa, el Tribunal Supremo afirma que en el delito de estafa debe darse como requisito fundamental el dolo*.


Nos encontramos, pues, ante un supuesto en el que la viabilidad del negocio jurídico es, desde el principio, deliberadamente ficticia, por no haberse basado en una estrategia sólida. En caso contrario, podría tratarse de un simple incumplimiento contractual, que deberá resolverse por la vía civil.
Denominamos “negocios jurídicos criminalizados” cuando el engaño utilizado es el propio contrato, aparentemente legal, y a través del cual el autor (estafador) pretende beneficiarse de su incumplimiento, causando perjuicio o daño a la otra parte. Es decir, cuando el estafador sabe desde el principio que quiere engañar al otro.
  • ¿Cuáles son las características principales del delito de estafa?
Como hemos mencionado anteriormente, el dolo es condición esencial para que se produzca el delito de estafa. Podemos definirlo como la “voluntad deliberada de cometer un delito, a sabiendas de su carácter delictivo y del daño que puede causar“. Por ello, la estafa existirá únicamente en los casos en los que el autor simule, deliberadamente, su intención por llevar a cabo una acción con engaño. Tal engaño, provocará el error en cadena; desplazamiento patrimonialperjuicio para la víctima y el lucro injusto, debiéndose resolver por la vía penal.
  • ¿Cuál es la diferencia entre la estafa y la apropiación indebida?
La principal diferencia entre ambos delitos es el elemento del engaño. Por ello, si con premeditación aparece tal elemento en el supuesto de hecho, nos encontraremos ante una estafa.  No obstante, debemos tener en cuenta que no por ello se elimina la posibilidad de que en el delito de apropiación indebida pudiera concurrir algún tipo de engaño, permitiendo que la apropiación indebida se produzca como consecuencia del mismo.
  • ¿El engaño puede darse de forma omisiva*?

La respuesta es sí. Se considerará delito de estafa o apropiación indebida si el engaño ha consistido en no facilitar la información necesaria al sujeto pasivo (víctima), con la intención de que la misma no pueda valorar adecuadamente los posibles riesgos.

Fuente : 

www.whitmanabogados.com
http://consultas-abogados.es/caracteristicas-delito-estafa-procesal/
http://lafuenteabogados.com/destacado/diferencias-entre-incunplimiento-contractual-y-estafa/





domingo, 22 de octubre de 2017

I MARCHA REQUIEM POR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES : A POR UNA IGUALDAD REAL

Artículo 14 de la Constitución Española: Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. 

Nos han solicitado desde la Plataforma Ciudadana Por Una Igualdad Real, que asistamos a su " I Marcha Requiem por los derechos fundamentales " que se celebrará en Madrid en la Plaza de la Lealtad el 6 de Diciembre de 2017, y como veís aquí estamos apoyando dicha marcha solicitando a tod@s los que estéis interesados en asistir a dicha convocatoria para apoyar los derechos fundamentales, como son los Derechos Humanos, que se recogen en nuestra Constitución , como los que aquí detallamos y que realmente no se cumplen, como es la caso de la actual aprobación de la Ley Integral de Violencia de Genéro, tan apoyada por diversos " Entes " sociales y politícos y que genera en la actualidad un coste para las arcas del " Estado Español " de 20.000 millones de Euros, saltándose y quebrantando los Derechos Fundamentales de la humanidad como los aprobados en la Declaración Universal de Derechos Humanos adoptada y proclamada por la resolución de la Asamblea General 217 A (iii) de 10 de Diciembre de 1948. 

En su preámbulo la Asamblea General dispone: 

Declaración Universal de Derechos Humanos como ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción. 

Y en sus articulado : 

Artículo 1 

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 

No se cumple  por la LIVG ya que los seres humanos son hombres y mujeres, y en este caso los hombres pierden su dignidad y sus derechos aunque se porten fraternalmente los unos con los otros.

Artículo 2 

 1. Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. 

2. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía.

Existe en esta Ley discriminación por razón de sexo, ya que la LIVG no se aplica igualmente en las dos direcciones, mujeres y hombres y se quebranta el derecho de presunción de inociencia de los hombres.

Artículo 3 

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 

La libertad se ve quebrantada, ya que es directamente proporcional a los derechos humanos.

Artículo 4 

Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas. 

La LIVG esclaviza y crea servidumbre debido a esa falta de presunción de inociencia hasta que se dicta la sentencia correspondiente, a veces absolutorias o por acuerdos, pero cuyos procedimentos crean estragos irreparables en los hombres que los sufre.

Artículo 5 

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

La LIVG tortura, pena trata cruelmente, inhumanante y degrada la condición humana.

Artículo 6

Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica.

Se pierde totalmente la personalidad 

Artículo 7

Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda provocación a tal discriminación.

La LIVG no trata a tod@ igualmente ante la Ley, existe discriminación y va contra la Declaración de los Derechos Humanos. 

Artículo 8

Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley.

No se cumple , no hay derecho inmediato , no existe la presunción de inociencia, ni aportación de pruebas inmediatas en la LIVG.

Artículo 9

Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado.

Las detenciones son arbitrarias en la LIVG , como se demuestran en posteriores sentencias y sucesivamente en los siguientes artículos, en los que la LIVG sigue quebrantando los derechos fundamentales.

Artículo 10

Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.

Los tribunales creados para la LIVG no son imparciales por su mero carácter de ser exclusivos para tal fin, por lo que tampoco cumple el presente artículo.

Artículo 11

1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías necesarias para su defensa.
2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.

Hecho gravísímo y denigrante ya que la LIVG no presume la inociencia del Ejecutado en su aplicación ya que sus medidas cautelares quebrantan los Derechos Humanos de forma impúnica y dictatorial. No exiete pena mayor para un Ser Humano que la de verse separado de sus hij@s forzosamente, ademá sin saber el tiempo que va a durar dicha separación ni si es definitiva sin presumir su inociencia.

Artículo 12

Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.

Se establecen injerencias y ataques por la LIVG al Ser Humano en la vida privada, en la familia, en su domicilio, en su honra y en su reputación probadas en tantas sentencias absolutorias que se han probado una vez hecho el daño irreparable a su integridad personal

Artículo 13

1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado.
2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.

Artículo 14

1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país.
2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.

Artículo 15

1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad.
2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad.

Artículo 16

1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio.
2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio.
3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la sociedad y del Estado.

Artículo 17

1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente.
2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.

Artículo 18

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia.

Artículo 19

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

Artículo 20

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.
2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.

Artículo 21

1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de representantes libremente escogidos.
2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su país.
3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto.

Artículo 22

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.

Artículo 23

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.
2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual.
3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social.
4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses.

Artículo 24

Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas.

Artículo 25

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad.
2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social.

Artículo 26

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos.
2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz.
3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.

Artículo 27

1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.
2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

Artículo 28

Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos.

Artículo 29

1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad.
2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática.
3. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.

Artículo 30

Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendentes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración.


Por esto y mucho más asistir tod@s A POR UNA IGUALDAD REAL


martes, 26 de septiembre de 2017

AUDIENCIA PROVINCIAL DE CACERES VS TRIBUNAL SUPREMO : GASTOS ESCOLARES .

A continuación os dejamos un extracto de un par de sentencias dictadas por el Tribunal Supremo y la Audiencia Provincial de Cáceres, las cuales se contradicen de forma Notoria, y dejan al EJECUTADO en estado de indefensión al ver como las claúsulas de su convenio regulador de mutuo acuerdo de divorcio, son obviadas de forma clara y de manera subjetiva siendo EJECUTADO en un proceso de EJECUCION forzosa en procesos de familia, donde no se le avisa ni cuando, ni como, ni de que manera va a ser EJECUTADO y acaba con sus nóminas embargadas una detrás de otra, hasta cubrir toda la deuda reclamada por su demandante, haciendo caso omiso la Audiencia Provincial de Cáceres de todas las claúsulas del convenio en cada una de sus reclamaciones e incluso del propio TRIBUNAL SUPREMO.

El demandado y EJECUTADO de esta forma nos hace llegar como siente que sus derechos fundamentales, como los derechos humanos, son meramente obviados por La Audiencia Provincial de Cáceres y con sentencia similar anterior por el Juzgado Nº6  de la misma localidad sin tener en cuenta que los derechos humanos son aquellas «condiciones instrumentales que le permiten a la persona su realización». En consecuencia subsume aquellas libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos​ que incluyen a toda persona, por el simple hecho de su condición humana, para la garantía de una vida digna, «sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición».

Os dejamos extracto de lo acaecido :


SENTENCIA Nº 557/2016 DE TS, SALA 1ª, DE LO CIVIL, 21 DE SEPTIEMBRE DE 2016



Se alega al respecto la existencia de interés casacional por oposición a la jurisprudencia del Tribunal Supremo y por jurisprudencia contradictoria de Audiencias Provinciales.

Como fundamento del interés casacional alegado se cita como opuesta a la recurrida la sentencia de esta sala de fecha 15 de octubre de 2014 .

Dicha resolución establece la siguiente doctrina:

1. Los gastos causados al comienzo del curso escolar de cada año son gastos ordinarios en cuanto son gastos necesarios para la educación de los hijos, incluidos, por lo tanto, en el concepto legal de alimentos. Sin esos gastos los hijos no comenzarían cada año su educación e instrucción en los colegios. Y porque se producen cada año son, como los demás gastos propios de los alimentos, periódicos (lo periódico no es solo lo mensual) y, por lo tanto, previsibles en el sí y aproximadamente en el cuánto.

2. La consecuencia es obvia: son gastos que deben ser tenidos en cuenta cuando se fija la pensión alimenticia, esto es, la cantidad que cada mes el cónyuge no custodio debe entregar al cónyuge custodio como contribución al pago de los alimentos de los hijos comunes.

3. Establecido lo anterior, son gastos extraordinarios los que reúnen características bien diferentes a las propias de los gastos ordinarios. Son imprevisibles, no se sabe si se producirán ni cuándo lo harán, y, en consecuencia, no son periódicos

Del mismo modo se alega la existencia de jurisprudencia contradictoria de Audiencias Provinciales al respecto.

Por un lado cita la sentencia de la Audiencia Provincial de Valladolid, Sección Primera, de fecha 6 de octubre de 2011 , la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, Sección 12.ª, de fecha 27 de mayo de 2011 y la sentencia de la Audiencia Provincial de Córdoba de fecha 27 de junio de 2013 , las cuales entienden que los gastos de comienzo del año escolar son ordinarios porque son periódicos y previsibles y porque la condición de extraordinarios corresponde a los gastos situados fuera del orden o regla natural o común.

Y por otro lado se citan las sentencias de la Audiencia Provincial de Cáceres y Navarra (respectivamente, de fechas 5 de marzo de 2010 y 18 de diciembre de 2009 ), las cuales consideran que esos gastos son extraordinarios porque, pese a ser previsibles, son gastos de cierta importancia y de cuantía desigual.

Argumenta la parte recurrente que los gastos escolares tienen la condición de gastos ordinarios que forman parte del concepto legal de alimentos y que por tanto van incluidos en la pensión de alimentos.

SEGUNDO

Motivo primero. Al amparo de lo estipulado en el art. 477.2 ordinal 3.º de la LEC , se denuncia infracción de norma sustantiva por inaplicación; el recurso presenta interés casacional por vulneración del art. 146 del C. Civil por aplicación indebida, en relación con el concepto jurídico indeterminado de mínimo vital relativo al quantum de la pensión de alimentos que debe abonar el demandante, respecto al que existe divergencia jurisprudencial en las Audiencias Provinciales y por oponerse dicha sentencia a la doctrina unificada del Tribunal Supremo.

En el motivo primero, tras citar como precepto legal infringido el artículo 146 del Código Civil , se alega la existencia de interés casacional por oposición a la jurisprudencia del Tribunal Supremo.

Como fundamento del interés casacional alegado se citan como opuestas a la recurrida las sentencias de esta Sala de fechas 12 de febrero de 2014 , 2 de marzo de 2015 , 10 de julio de 2015 y 30 de abril de 2013 .

CUARTO

Motivo segundo. Por vulneración de la doctrina jurisprudencial del TS contenida en la sentencia núm. 579/2014 de fecha 15 de octubre de 2014 , en la que se manifiesta que los gastos causados al comienzo del curso escolar de cada año son gastos ordinarios en cuanto son gastos necesarios para la educación de los hijos e incluidos por tanto en el concepto legal de alimentos.

Se alega la vulneración de la doctrina que establece que los gastos escolares tienen la condición de gastos ordinarios que forman parte del concepto legal de alimentos y que van incluidos en la pensión de alimentos.

QUINTO

Respuesta de la Sala.

Se estima el motivo.

En la sentencia recurrida se declara que los gastos escolares deben entenderse integrados dentro de los gastos extraordinarios por lo que deberían ser abonados al 50%.

Este pronunciamiento de la sentencia recurrida es contrario a la doctrina jurisprudencial antes expresada, cuando declara que: «Los gastos causados al comienzo del curso escolar de cada año son gastos ordinarios en cuanto son gastos necesarios para la educación de los hijos, incluidos, por lo tanto, en el concepto legal de alimentos… Y porque se producen cada año son, como los demás gastos propios de los alimentos, periódicos (lo periódico no es solo lo mensual) y, por lo tanto, previsibles en el sí y aproximadamente en el cuánto».

En base a lo declarado debemos estimar el motivo de casación y asumiendo la instancia, debemos declarar que los gastos escolares deben entenderse como ordinarios e integrados en el concepto de alimentos, por lo que a la hora de computar éstos los operadores jurídicos deberán tener en cuenta el prorrateo de los gastos de inicio del curso escolar.

Como respuesta a esta sentencia del TS, en la que incluso se hace mención de la Audiencia Provincial de Cáceres, esta sigue haciendo caso omiso a la misma y al Tribunal Supremo...y a fecha 1 de marzo de 2017 sentencia :


" Entrando ya en el análisis de la cuestión referente a los concretos gastos extraordinarios se dice, en primer lugar, que los generados al comienzo del curso escolar de cada año son gastos ordinarios, en cuanto gastos necesarios para la educación de los hijos, incluidos, por lo tanto, en el concepto legal de alimentos como señala la STS de fecha 15 de octubre de 2014, de donde resulta que quedarían fuera de tal concepto los gastos de principio de curso.

Pues bien, debemos comenzar por afirmar que como ha venido reiterando esta Audiencia Provincial que “ el concepto de "gastos extraordinarios" es, en rigor, distinto al de "alimentos" en sentido jurídico conforme se contempla en los artículos 142 y siguientes del Código Civil, habida cuenta de que aquéllos no responden a todo lo que fuera indispensable para el sustento, habitación, vestido y asistencia médica del alimentista, sino que alcanzan a otras prestaciones económicas puntuales, imprevisibles e inusuales (en definitiva, extraordinarias) a las que los progenitores tienen que subvenir necesariamente porque benefician al acreedor de la prestación -el hijo habido en el matrimonio, en este caso-, y, de hecho, la práctica totalidad de las Resoluciones Judiciales Matrimoniales contemplan en concreto este concepto y -también habitualmente- la obligación de ambos progenitores de satisfacerlos, bien por mitad o por iguales partes, o bien en proporción a la capacidad económica de cada cónyuge. Resulta procedente, pues, que los progenitores contribuyan a la satisfacción de los gastos extraordinarios de los hijos en proporción a su capacidad económica porque constituye una decisión sustantivamente correcta en la medida en que responde a parámetros ponderados, equitativos y de estricta Justicia ante la existencia de gastos de esta naturaleza que exigen que se satisfagan con el concurso paritario -o proporcional- de ambos progenitores al margen o con independencia de la pensión alimenticia fijada a favor de los hijos habidos en el matrimonio (SAP Cáceres de 12 de enero de 2012).Para que un gasto pueda ser calificado de gastos extraordinario debe contener los siguientes requisitos:

1º.- Carácter necesario.- Que sea un gasto que ha de cubrirse económicamente en orden al cuidado, desarrollo y formación del alimentista; en contraposición a lo superfluo o secundario, de lo que evidentemente, puede prescindirse, sin menoscabo para el alimentista. 

2º.-Falta de periodicidad. Es decir que no tienen periodicidad prefijada, en cuanto dimanantes de sucesos de difícil o imposible previsión apriorística, de tal modo que los mismos pueden surgir o no.

3º.- Ser imprevisibles, en cuanto dimanantes de previsiones inusuales.

4º.- Ser acordes y asumibles por el caudal del alimentante.

5º.- No estar cubiertos por los alimentos o gastos ordinarios.


Pues bien, el apelante excluye de dicho concepto de extraordinario, los gastos causados al inicio del curso escolar en discrepancia con la resolución recurrida y en aplicación de la STS de 15 de octubre de 2014. Ciertamente en dicha sentencia se establece que “ los gastos causados al comienzo del curso escolar de cada año son gastos ordinarios en cuanto son gastos necesarios para la educación de los hijos e incluidos por tanto en el concepto legal de alimentos ”

Posteriormente, en la STS 21 de septiembre de 2016 se indica que: «Los gastos causados al comienzo del curso escolar de cada año son gastos ordinarios en cuanto son gastos necesarios para la educación de los hijos, incluidos, por lo tanto, en el concepto legal de alimentos... Y porque se producen cada a ño son, como los demás gastos propios de los alimentos, periódicos (lo periódico no es solo lo mensual) y, por lo tanto, previsibles en el sí y aproximadamente en el cuánto».

En base a lo declarado debemos estimar el motivo de casación y asumiendo la instancia, debemos declarar que los gastos escolares deben entenderse como ordinarios e integrados en el concepto de alimentos, por lo que a la hora de computar éstos los operadores jurídicos deberán tener en cuenta el prorrateo de los gastos de inicio del curso escolar.”

Pues bien, es lo cierto que en este caso en el convenio regulador no consta que los progenitores tuvieran expresamente en cuenta tal prorrateo de los gastos de inicio del curso escolar en la pensión alimenticia y por eso debemos entender que fueron considerados como gastos extraordinarios.

Pero es que además, en este caso, propiamente sólo tienen tal carácter los libros y materiales escolares adquiridos al inicio del curso, porque el resto de los gastos que se indican, ni tan siquiera son gastos generados al comienzo del curso escolar. "


IMPRESIONANTE la respuesta de la Audiencia Provincial de Cáceres a la claúsula del convenio sobre el que Sentencia ...además dice, y que gastos van a ser más que los libros y material escolar en la educación en  Primaria y en la Educacion Secundaria Obligatoria cuando es OBLIGATORIA ... !si no hay gastos de matriculación!

En cuanto al prorrateo se da por hecho, tampoco se expresa lo contrario, ya se han tenido en cuenta en la pensión y el convenio es del 2011 .
Aquí la clausula a la que se refiere : 
Extracto de la claúsula a la que se refieres la Audiencia Provincial de Cáceres, no solo haciendo caso omiso al Tribunal Supremo, sino ejecutando gastos extraordinarios de educación como los originados por academias particulares cuando no ha habido siquiera requerimiento formal del gasto, ni han sido pactados ni consensuados y mucho menos existiendo autorización por escrito para dichos gastos. Es más , existe una ratificación de convenio por la parte demandante a fecha 25 de Octubre en el mismo Juzgado Nº 6 en mismas fechas sobre el que viene el recurso a la Audiencia Provincial en la que la clausula quinta se queda como estaba, tal cual, y sigue sin cumplirla en su demanda..y tanto el Juzgado Nº 6 y la Audiencia Provincial de Cáceres se la saltan .tal cual está redactada...
QUINTA.- PENSIÓN DE ALIMENTOS QUE HABRÁ DE SATISFACERSE EN FAVOR DE LOS HIJOS:

Se fija la cantidad de  xxx  en concepto de contribución del padre a los alimentos para sus dos hijas.

 Dicha cantidad será ingresada mensualmente, por meses anticipados, dentro de los cinco primeros días de cada mes, en la cuenta de caja Extremadura xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

Esta cantidad será revisada anualmente en proporción a las variaciones del Índice de Precios al Consumo General que publique el Instituto Nacional de Estadística o cualquier otro organismo público que en el futuro pudiera cumplir análoga misión, tomando como base para el comienzo del cómputo, la fecha de la sentencia que se dicte en el proceso de divorcio y sin que sea necesario el previo requerimiento o notificación de los I.P.C. , y teniendo en todo caso carácter retroactivo tales actualizaciones.

Los gastos extraordinarios de los hijos serán satisfechos al cincuenta por ciento entre ambos progenitores, teniendo en cuenta lo siguiente; 

a) Sólo tendrán esta consideración aquellos gastos médicos, quirúrgicos y/o farmacéuticos que no estén cubiertos por la Seguridad Social
b) Del importe de tales gastos, se deducirán las cantidades que cualquiera de los progenitores tenga derecho a recibir en concepto de ayuda, indemnización, compensación, etc., por cualquier empresa y/u organismo público, 
c) Los gastos extraordinarios de educación, tales como clases complementarias, campamentos, cursos en el extranjero, estudios superiores, etc., para ser abonados por ambos cónyuges, deberán ser pactados previamente por las partes, debiendo constar expresamente y por escrito dicha autorización.


... IMPRESIONANTE VERDAD ? 
¿ Es legal la actuación de la Audiencia Provincial de Cáceres ¿ Para que sirve un convenio de divorcio de mutuo acuerdo ratificado en sentencia por un Juzgado ?... ¿Para que sirve el Tribunal Supremo?





jueves, 21 de septiembre de 2017

ASOCIACION POR UNA IGUALDAD REAL

Bienvenidos al nacimiento de ...

                       
Una asociación en Pro de Una Igualdad Real para tod@s

             WWW.APUIR.COM 


Surge una nueva asociación APUIR , una ASOCIACION POR UNA IGUALDAD REAL , que tras años de observar como algunos derechos fundamentales, como los derechos humanos, son meramente obviados por algunos organismos y entidades sin tener en cuenta que los derechos humanos son aquellas «condiciones instrumentales que le permiten a la persona su realización». En consecuencia subsume aquellas libertades, facultades, instituciones o reivindicaciones relativas a bienes primarios o básicos​ que incluyen a toda persona, por el simple hecho de su condición humana, para la garantía de una vida digna, «sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición».

Esperamos que sean de vuestro interés las herramientas y conocimientos de todo lo que en esta asociación podáis encontrar y forméis parte de su crecimiento y proyección de futuro.

Un saludo y buena suerte... 

 Contacto: apuirasociación@gmail.com